La Ley de garantía integral de la libertad sexual introduce importantes medidas de protección integral y de prevención de la libertad sexual, entre otros, en el ámbito laboral, del empleo público y del trabajo autónomo. Esta Ley que entrará en vigor el 7 de octubre establece medidas encaminadas, entre otros fines, a garantizar la autonomía económica de las víctimas de violencias sexuales a través de ayudas y medidas en el ámbito laboral, en el empleo público y en el ámbito del trabajo autónomo.
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